Esta semana ha sido caliente en la comunidad científica española al conocerse que ciertos defectos de forma han supuesto el rechazo, sin posibilidad de subsanación, de numerosos proyectos en la convocatoria nacional para la financiación de proyectos de Investigación. Dos colegas del Centro de Estudios Demográficos han escrito un artículo de opinión al respecto que creo de interés para muchos de los que visitáis este blog, así que os pongo aquí el link y añado algunas consideraciones propias después:

• Por una página de más, muchísima ciencia de menos, artículo de Albert Esteve e Iñaki Permanyer en ElPaís (26 /3/ 2015)

La escasa inversión científica en España es antigua, tanto en la actividad privada como en la pública. Pero los problemas para la investigación son muchos más. Igual de grave, aunque menos conocido, es el arcaísmo de la administración española a la hora de gestionar y financiar la investigación. Para conseguir los dramáticamente escasos recursos públicos presupuestados, el condicionante principal no es la calidad de las memorias de proyecto, su fundamentación científica, su rigor al presupuestar los gastos, el nivel de los equipos humanos o el interés de los posibles resultados. Por delante en prioridades siempre va el procedimiento administrativo (antidiluviano), su interpretación  según el criterio de cada mano por la que pasan los papeles, la lucha con la inmensa variedad de reglamentaciones en función cada convocante, la constante modificación  de formas, formatos y formularios, y la literalidad o manga ancha con que cada responsable instruya a sus auxiliares en el trabajo de tramitación.

La crisis ha menguado la financiación, y el escándalo colectivo por la corrupción ha obligado al lavado de cara en la función pública. Pero la respuesta de la administración es proteger la administración, no su función, así que, además del recorte en recursos, una creciente parte de los que todavía se manejan están destinados a mantener y hacer todavía más insoslayable el «aparato»; en vez de optimizar los procedimientos, se ha elevado aún más el peso del papeleo frente a los objetivos científicos.

Los problemas con el formato de Curriculum Vitae exigido o exigible a los investigadores se aproximan al surrealismo hace tiempo. Cada administración o institución impone sus propios formatos, los cambia según sus propios criterios y conveniencia,  y los va modificando según la ocasión. Formalizar una propuesta de proyecto conlleva siempre perder una gran cantidad de trabajo para adaptar el CV de los participantes al último formato exigido por la institución convocante, sea pública o privada. Y lo mismo ocurre para solicitar promociones, acudir a concurso de plazas, a las bolsas de trabajo o a la evaluación de productividad. Y todo eso siempre con la amenaza de que no te hayas ceñido a la última normativa y todo ese trabajo sea rechazado por un defecto formal.

La solución evidente a este despropósito es crear una base de datos, pública y universal, en la que cada investigador introduzca una única vez su ítem curricular (publicación, curso impartido, patente,  proyectos que dirige o en los que participa, etc. ) y donde cada institución pueda acudir después para comprobar y evaluar la actividad de los investigadores o de los grupos de investigación. Otros países lo hacen, y sirve además para muchas otras cosas, como cuantificar y analizar la producción científica de todo el país o de sus diferentes regiones, universidades, áreas de conocimiento, etc.

En España no. Las bases de datos curriculares han ido apareciendo, claro, pero aquí las desarrolla cada institución a su manera, sin coordinarse con las demás, y vienen a aumentar los formatos obligados y la carga burocrática, no productiva, del trabajo de investigación, en vez de reducirla.

El mejor ejemplo: la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) y el Ministerio de Economía tantean  hace muchos años el desarrollo de un CV normalizado online en una base de datos con esas características. Finalmente, en la última convocatoria del Plan Nacional de Investigación, prácticamente sin anuncio previo, obligaron ya a los equipos solicitantes a presentar sus CV en ese formato. De repente un CV normalizado oficial en formato de texto, que había costado mucho mantener actualizado (en mi caso rebasaba las cuarenta páginas), reformándolo cada vez que al imaginativo de turno se le ocurría modificar algo (rayando el ridículo a menudo, como al sustituir la extensión en número de páginas de las publicaciones por su número de página inicial y final) ya no sirve para ese Ministerio. Acudir a la convocatoria de financiación exige ahora dedicar otra importante cantidad de trabajo a crear de nuevo, uno por uno, cada uno de sus ítems en la nueva base de datos, ajustándolos a su diseño de campos y requisitos documentales, diferente al que regía para la versión en papel.

No parece mala noticia. Ya está, ya tengo lo que quería ¿no? Pues no. Muy pocas instituciones han hecho propia esa vía para construir el CV y ahorrar a sus integrantes la redundancia y la multiplicación del trabajo. Ni siquiera lo han hecho las propias instituciones del Estado que supuestamente lo promueve. Incluso el CSIC, la rama del Estado dedicada a la investigación, funciona al margen del CV normalizado de la FECYT para su funcionamiento interno. Por ejemplo, el personal investigador CSIC sigue teniendo que informar de su producción científica anual en otra base de datos distinta, CONCIENCIA (que sólo tiene utilidad para los evaluadores, y no sirve al investigador ni siquiera para recuperar su propia información en un formato útil). Otro montón de horas de trabajo duplicado, que se podrían ahorrar simplemente con que CSIC y FECYT compartiesen banco de datos. Y lo mismo en todos los terrenos, hasta la saciedad. Incluso para alojar una publicación en un repositorio digital académico o científico hay que volver a rellenar todos los campos del registro bibliográfico, aunque la misma institución ya los tenga en otras bases de datos (de nuevo el CSIC es un nefasto ejemplo).

La ciencia no es una prioridad para nuestro país y eso no me sorprende; los científicos tienen que bregar con esa dificultad desde hace muchas décadas («que inventen otros» es un clásico de nuestro pensamiento patrio y castizo). Tampoco ha sido prioritaria para el actual gobierno, pero no me sorprende tener que bregar también con los recortes en la financiación, la reducción de plazas, de becas o de contratos, dada el contexto de crisis y el sesgo ideológico del partido gobernante, que prioriza la salvaguarda de las inversiones privadas frente a otro tipo de inversiones a futuro. Pero que la propia administración específicamente dedicada a gestionar los recursos científicos del país (económicos, materiales, humanos), en vez de un apoyo, sea también un lastre creciente que debe arrastrar el trabajo científico…, llamadme inocente, pero eso no me lo esperaba.